La Detención Migratoria En México Frente A La Creciente Necesidad De Protección Internacional En La Región

Over the following weeks, we will be covering immigration and border control in South and Central America, with posts on Chile, Colombia, Venezuela, Haiti, Trinidad and Tobago, Curacao and Mexico, as well as the complex relationship between these countries. This new themed ongoing series has been organised by Ana Aliverti, Rimple Mehta and Andriani Fili, facilitated by Ritika Goyal, as part of their continuing work in expanding Border Criminologies in the Global South and building new networks and partnerships. While the issues highlighted in the posts affect millions of people, most discussions of border control focus upon realities in the Global North. This ongoing series attempts to fill this gap by presenting a view from the Global South. Do get in touch with us if you want to contribute a blog post in English or in Spanish.

Claudia León Ang y Salva Lacruz son defensoras de derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Parte de su trabajo ha consistido en monitorear centros de detención migratoria en México y actualmente forman parte del equipo de El Rebozo, Cuidado de la vida y los territorios, con el objetivo de brindar apoyo técnico a organizaciones y colectivos para la documentación de violaciones de derechos humanos de personas en contexto de movilidad humana que son privadas de su libertad por motivos migratorios.

En los últimos años, México se ha convertido en uno de los principales destinos de personas con necesidades de protección internacional en Latinoamérica, situación que se intensificó a partir de las Caravanas de Migrantes en la región. La presente entrada de blog devela que a pesar del incremento en las solicitudes de la condición de refugiado en México, la detención migratoria continúa siendo la regla y representa el mayor obstáculo para acceder al derecho a solicitar asilo, además de conllevar diversas violaciones a los derechos humanos de quienes se encuentran privadas de su libertad por motivos migratorios. A esto se suma el impacto que tienen las políticas migratorias ejecutadas en Estados Unidos sobre la intensificación de la detención migratoria en ambas fronteras de México.

El corredor migratorio de Centroamérica-México es atravesado anualmente por miles de personas con necesidades de protección internacional. Estas personas huyen principalmente desde el norte de Centroamérica de la cada vez más acentuada violencia en un marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos en la región. El 48% de las personas que solicitan protección internacional en México son mujeres, la mayoría de ellas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras. Tres de las cinco tasas más altas de feminicidio en América Latina se registran en estos países. Es así que desde octubre de 2018, las llamadas “Caravanas Migrantes” han conformado una nueva forma de desplazamiento forzado masivo en la región. A esto se suman las miles de personas desplazadas que proceden de Cuba, Haití, Sudamérica e incluso países extracontinentales.

Estos grandes grupos humanos continúan enfrentando la violencia y la detención generalizada e indiscriminada ejercida por el Estado mexicano como estrategia de contención de la migración, obstaculizando su acceso al derecho de asilo.

La maquinaria de detención migratoria en México cuenta con una amplia infraestructura a lo largo del país. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración (INM) gestiona casi 60 centros de detención migratoria distribuidos por todo el territorio mexicano, en los que se priva de la libertad a 150,000 personas extranjeras como promedio anual, a pesar de que la detención como primera y única forma de control migratorio contraviene los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos, a los cuales el Estado mexicano se ha adherido.

Más del 50% de estas detenciones se concentran en la frontera sur de México con Guatemala, que a partir del inicio de las Caravanas se incrementaron de forma exponencial. Tan sólo en 2019, el INM, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad perpetraron un total de 280,409 detenciones migratorias conjuntamente, duplicando las 138,612 detenciones en 2018, cuando todavía no existía la GN.

Pese a los obstáculos, las solicitudes de refugio en México durante ese mismo período de tiempo se incrementaron de 29,635 solicitantes en 2018 a 71,230 en 2019—un aumento del 140% en tan sólo un año. Sin embargo, del total de las solicitudes realizadas en ambos años, tan sólo el 28.5% habían sido resueltas, significando que 7 de cada 10 personas presentó un rezago en la resolución de sus solicitudes para acceder al reconocimiento de la condición de refugiado en México. Adicionalmente, de los 28,758 casos resueltos en este tiempo, el 68% resultaron ser positivos y casi una tercera parte fueron rechazados.

Por otro lado, durante el 2020, a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el cierre de fronteras en Centroamérica y Estados Unidos para contener la pandemia, el ingreso de personas migrantes y con necesidades de protección internacional hacia México continuó. Este año, 41,329 personas solicitaron la condición de refugiado, representando el segundo año con el mayor número de personas solicitantes de asilo de la última década. No obstante, la detención migratoria prevaleció como una política de Estado al resultar en 87,260 personas extranjeras detenidas por el gobierno mexicano en 2020.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), en su séptimo informe periódico sobre México, observó con preocupación que el Estado mexicano continúe recurriendo a la privación de la libertad de personas migrantes indocumentadas y solicitantes de asilo de manera sistemática, advirtiendo acerca del hacinamiento y las malas condiciones que presentan los centros de detención migratoria en el país, así como situaciones de violencia, abuso y extorsión que sufren las personas detenidas. Por su parte, organizaciones defensoras de migrantes han documentado y denunciado actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas detenidas por parte de agentes migratorios y cuerpos de seguridad contratados por el Estado.

Frente a esto, el CAT recomendó al Estado mexicano abstenerse de detener a migrantes indocumentados y solicitantes de asilo durante períodos prolongados y recurrir a medidas no privativas de la libertad, así como garantizar la no detención de menores ni de familias con hijos menores de edad a causa de su condición migratoria. No obstante, más de 94 mil menores de edad han sufrido detención migratoria en México en los últimos tres años—los cuales el 54% son niñas y niños menores de 11 años—mientras que miles de personas solicitantes de asilo se han visto obligadas a iniciar sus procedimientos en detención migratoria. A esto se suma la experiencia traumática y la revictimización que supone la detención migratoria para las personas con necesidades de protección internacional y grupos en situación de mayor vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes. Como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación de las personas en detención por motivos migratorios “en muchos casos es peor que la de las personas privadas de libertad por haber infringido la ley penal”.

Las políticas migratorias y de asilo impuestas por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al gobierno mexicano, no sólo acentuaron la crisis humanitaria que viven las personas con necesidades de protección internacional en la región, también intensificaron el aparato de detención migratoria en la frontera norte de México. A partir de enero de 2019, Estados Unidos impuso el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico o Migration Protection Protocols, MPP), a través del cual las personas solicitantes de asilo en EE.UU. se han visto obligadas regresar a México para esperar sus procedimientos sin ningún tipo de protección. Además, en marzo de 2020, Estados Unidos implementó una ley de salud pública conocida como Título 42 para ejecutar expulsiones exprés de personas migrantes principalmente de origen Centroamericano hacia el norte de México, bajo el argumento de contener la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a lo documentado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en ambos países, bajo estos acuerdos bilaterales las personas con necesidades de protección internacional se han visto expuestas a ser expulsadas por lugares aislados y controlados por el narcotráfico, y a ser detenidas de manera automática por las autoridades migratorias en México una vez que son devueltas a la frontera norte, enfrentándose a contextos de mayor hostilidad y violencia.

A pesar del cambio de administración política en Estados Unidos y de las expresiones mostradas por Joe Biden para terminar con las iniciativas anti-asilo impuestas por su predecesor, éstas aún tomarán tiempo en revertirse.   

Sin embargo, como se mostró a lo largo de este artículo, la situación de violencia generalizada en la región no mejora, por lo cual continúa el incremento en el número de personas que solicitan asilo en México. No obstante, lo cierto es que estas poblaciones siguen enfrentándose a la detención migratoria obligatoria y a las expulsiones que las ponen en mayor riesgo. Por lo tanto, es urgente un cambio de enfoque en la política migratoria para terminar con la persecución de personas con necesidades de protección internacional y la práctica arbitraria y discrecional de la detención migratoria como la regla y que, en cambio, se priorice una política de asilo accesible, no privativa de la libertad y desde un enfoque de protección integral e inclusión.

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How to cite this blog post (Harvard style) 

León Ang, C. and Lacruz, S. (2021). La Detención Migratoria En México Frente A La Creciente Necesidad De Protección Internacional En La Región. Available at: https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2021/04/la-detencion [date]