Niñez migrante varada en la frontera México-Estados Unidos: Vidas en riesgo frente a la falta de protección internacional

Guest post by Claudia Stephany León Ang. Claudia es defensora de la población en contextos de movilidad humana en México y Centroamérica. Cuenta con una Maestría en Migración, Movilidad y Desarrollo por SOAS, University of London. Su trabajo se ha enfocado en los derechos de la niñez migrante y personas con necesidad de protección internacional, desde un enfoque de género y basado en las infancias. Ha brindado acompañamiento a personas solicitantes de asilo en detención migratoria en México.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que en 2023 había más de 117.3 millones de personas desplazadas forzadas en el mundo. El 40% de esta población se trata de niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. A lo largo de las Américas, ACNUR ha registrado movimientos mixtos complejos sin precedentes, dando lugar a crecientes crisis humanitarias. En consecuencia, se estima que la población desplazada forzada y ​​apátrida de esta región alcanzará los 25 millones de personas para fines de 2024, el doble de lo registrado en 2018. 

Este artículo presenta la situación que viven las niñas y niños migrantes y desplazados internos varados en la frontera entre México y Estados Unidos cuando intentan acceder a la protección internacional. Se describen los motivos que les obligaron a emprender su viaje y los peligros que enfrentan mientras esperan cruzar a Estados Unidos. Además, se pretende mostrar que, debido a su condición de vulnerabilidad, la falta de protección y los desafíos que enfrentan en la frontera ponen en mayor riesgo su seguridad y bienestar, afectando de manera diferenciada a la niñez no acompañada de ciertas nacionalidades como la mexicana. 

La frontera entre México y Estados Unidos es una de las fronteras más extensas y hostiles del continente americano. A lo largo de ésta, como consecuencia de los cambios en la política migratoria bajo las administraciones de Trump y Biden, con el respaldo del gobierno mexicano, personas con necesidad de protección internacional se encuentran varadas en circunstancias precarias y peligrosas, mientras esperan en México para iniciar sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Es común que las personas solicitantes de asilo se vean sistemáticamente expuestas a la violencia institucional y criminal durante su espera. La situación empeora cuando se trata de niñas y niños, especialmente aquellos no acompañados. 

La niñez migrante varada en esta frontera proviene de diversos lugares de México. Muchas de estas niñas y niños se han convertido en solicitantes de asilo tras ser víctimas de desplazamiento forzado interno. Otros provienen de varios países de la región latinoamericana (principalmente de Centroamérica); e incluso de regiones como África, Asia y Europa del Este. La mayoría requiere de protección internacional y ha viajado precariamente desde zonas afectadas por conflictos, violencia o graves crisis humanitarias que les obligaron a migrar; ya sea solos o acompañados por sus familias. 

El objetivo de la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes no es sólo reunirse con familiares en Estados Unidos sino principalmente, escapar de diferentes tipos de violencias que viven en sus lugares de origen, incluyendo a la violencia de género, el maltrato doméstico, la violencia generalizada por parte del Estado y la pobreza. Además, por lo general se enfrentan a la violencia criminal, junto con el riesgo de ser reclutados de manera forzada por grupos del crimen organizado.  

Sin embargo, de acuerdo a UNICEF, durante su desplazamiento estos niños corren un mayor riesgo de convertirse en víctimas de explotación sexual y económica, incluyendo la trata de personas. Desde el activismo, las personas defensoras de los derechos humanos han documentado las condiciones en las que viven estos niños en ambos lados de la frontera mientras esperan acceder a la protección internacional. Por lo general, no hay espacios dignos de acogida, por lo que terminan durmiendo en tiendas de campaña improvisadas en campamentos al aire libre. Además, carecen de alimentos, saneamiento y acceso a la salud. Y si logran entrar a Estados Unidos, son frecuentemente sometidos a la privación de su libertad y a la separación familiar (cuando viajan acompañados), así como a la deportación; exponiéndoles a mayores daños físicos y psicológicos. 

A pesar de esta situación, según las cifras oficiales reportadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US CBP), más de medio millón de niños y niñas –un total de 555,532 menores no acompañados y acompañados- fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos por las autoridades migratorias entre octubre de 2020 y septiembre de 2024 (Año Fiscal FY2021 a FY2024). De éstos, solo 9,277 niños se encontraban acompañados; lo que significa que aproximadamente el 98% de los niños aprehendidos por las autoridades estadounidenses viajan solos. 

En noviembre de 2023, la organización Appleseed México publicó un informe en el que revela que, a pesar de que las causas de la migración forzada de la niñez mexicana son variadas, complejas y entrelazadas; su principal razón para emprender el viaje hacia el norte es escapar de la violencia por parte del crimen organizado. El informe expone cómo estas infancias han sufrido amenazas de muerte, desalojos forzados y acoso por parte de miembros de organizaciones criminales -en ocasiones habiendo vivido el asesinato o desaparición de uno o ambos padres, o familiares cercanos, a manos de dichos grupos-. 

A pesar de ello, el informe también señala que, en promedio, el 89% de los niños, niñas y adolescentes mexicanos no acompañados que son aprehendidos por las autoridades estadounidenses son repatriados de inmediato, sin que se les someta a una evaluación adecuada de sus circunstancias, de su interés superior, ni de sus necesidades de protección. Esto contrasta con los menores no acompañados de países no contiguos, de los cuales solo el 1.2% son devueltos de inmediato, teniendo una mayor oportunidad de ser transferidos a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y de que sus solicitudes de protección sean escuchadas por un juez o un oficial de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Los niños y adolescentes mexicanos con necesidades de protección internacional parecen recibir un trato diferente, a pesar de los requisitos establecidos por la Ley para la Protección y Reautorización de las Víctimas de Trata (TVPRA), que busca aumentar su protección desde 2011. 

Así mismo, el Instituto Nacional de Migración de México registró un aumento del 94% en las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados desde Estados Unidos entre 2020 y 2021, casi duplicándose de un año a otro. La tendencia al alza continuó en 2022 y, según datos oficiales, la cifra aumentó un 60% de 2020 a 2023. Tan solo en el primer semestre de 2024, las autoridades migratorias de México ya habían registrado un total de 13 mil 737 repatriaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos; superando el total registrado durante todo 2020.  

La niñez y adolescencia mexicana no acompañada repatriada desde Estados Unidos es puesta en instituciones a puerta cerrada administradas por el gobierno de México, casi inmediatamente tras haber pisado suelo mexicano. En estos lugares, son constantemente expuestos a situaciones que coartan sus derechos humanos y ponen en riesgo su bienestar psico-emocional. Además, las autoridades mexicanas frecuentemente terminan devolviéndoles a los mismos lugares y contextos de los cuales huyeron.  

Después de 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños, niñas y adolescentes migrantes varados en la frontera entre México y Estados Unidos enfrentan grandes riesgos que comprometen sus vidas. En muchos casos, su acceso a la protección internacional se aplica de manera discrecional, excluyendo a miles de niños de este derecho debido a su nacionalidad.  

Por lo tanto, es imperativo que los gobiernos de México y Estados Unidos realicen mayores esfuerzos coordinados y compromisos para garantizar una protección efectiva de estos niños en ambos territorios. Aunque el actual panorama político tanto en Estados Unidos como en México representa nuevos retos para la crisis que enfrenta la niñez migrante en la frontera; la voluntad política a nivel local para la implementación de los estándares de derechos de la niñez ya establecidos, sigue siendo clave para garantizar a esta población vulnerable el acceso a la protección internacional.